Algunos inquilinos son desalojados para hacer reformas. Así es como Los Ángeles planea frenar esta situación.
El Ayuntamiento de Los Ángeles está cada vez más cerca de proteger permanentemente a los inquilinos contra los desalojos por renovación.
El 1 de julio, el Ayuntamiento votó por unanimidad a favor de modificar una norma que otorgaba a los propietarios la facultad de desalojar a los inquilinos para realizar una remodelación o renovación sustancial de su propiedad.
Según la actual ordenanza de “causa justa”, una remodelación sustancial que permitiría a un propietario desalojar a los inquilinos incluye trabajos estructurales, mecánicos o de plomería.
La enmienda aprobada impedirá que los arrendadores utilicen una remodelación sustancial como justificación legal para desalojar a sus inquilinos, a menos que obtengan una Orden de una Agencia Gubernamental.
Una Orden de una Agencia Gubernamental se emite cuando una agencia gubernamental local, como el Departamento de Vivienda de Los Ángeles, el Departamento de Construcción y Seguridad de Los Ángeles, el Departamento de Salud del Condado de Los Ángeles o el Departamento de Bomberos de Los Ángeles, emite una orden para que un arrendador desaloje o reduzca la ocupación de una unidad con base en la necesidad de abordar infracciones del código de vivienda.
¿Qué es una ‘renovicción’?
"Las organizaciones defensoras de los derechos de los inquilinos afirman que algunos propietarios usan una renovación como excusa para desalojar a sus inquilinos, solo para cobrar alquileres más altos a un nuevo grupo de inquilinos después de la renovación. Esto se llama "renoviction" (desalojo por renovación)."
“Para que quede claro, lo que estamos haciendo hoy es negar los desalojos por renovaciones, pero también estamos creando un camino claro hacia las renovaciones que funcione tanto para los inquilinos como para los propietarios”, dijo el concejal Bob Blumenfield, un defensor de la política propuesta cuyo distrito incluye Canoga Park, Reseda, Tarzana y Woodland Hills.
¿Es esta una solución permanente al problema?
La decisión llega cuatro meses después de que el consejo votara a favor de una ordenanza provisional con el mismo objetivo: impedir que los propietarios invoquen una "causa justa" para desalojar a los inquilinos al realizar una remodelación.
Esta protección temporal dura solo hasta el 1 de agosto, ya que la ciudad lleva varios meses explorando una legislación permanente.
Además de la enmienda, la ciudad ha instruido al Departamento de Vivienda de Los Ángeles y al fiscal municipal para que creen normas para la reubicación durante la remodelación y modifiquen las sanciones para quienes infrinjan la ordenanza propuesta.
"Queremos tener un camino claro para las renovaciones legítimas, no para los desalojos por renovaciones", dijo Blumenfield.
¿Qué se les exigirá a los propietarios durante una remodelación sustancial?
En 90 días, el Departamento de Vivienda de Los Ángeles presentará una propuesta al Ayuntamiento para su consideración. Esta propuesta incluirá los requisitos que debe cumplir un arrendador si un inquilino debe ser reubicado durante una remodelación.
La propuesta establecerá normas para:
Cómo los propietarios pagarán a sus inquilinos una cantidad monetaria acordada mutuamente por la reubicación.
Cómo los arrendadores proporcionarán viviendas comparables o mejores a los inquilinos desplazados durante la renovación. En este caso, el arrendador deberá cubrir todos los gastos de reubicación y el alquiler de la vivienda temporal.
Cómo el inquilino continuará pagando al arrendador la renta mensual antes de una reubicación obligatoria. Los pagos cubrirán el tiempo que el inquilino viva en una vivienda temporal durante el período de reubicación.
Cómo regresará el inquilino a su unidad original con cualquier nuevo aumento de alquiler que no exceda el 10 % permitido por la ley estatal.
¿Qué pasa con las sanciones para los propietarios que utilizan las renovaciones para desalojar a los inquilinos?
La propuesta también incluirá una multa actualizada para los infractores, que triplicará la indemnización por daños y perjuicios, incluyendo angustia mental o emocional, honorarios razonables de abogados y sanciones civiles de hasta $10,000 y no menos de $2,000 por infracción, según el informe municipal. Se podrían añadir multas adicionales por infracción si el inquilino es mayor de 65 años o tiene una discapacidad.
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