El Departamento de Derechos Civiles del Estado llega a un acuerdo en un caso de discriminación en la vivienda en Sacramento

SACRAMENTO, CA – El Departamento de Derechos Civiles de California (CRD) llegó a un acuerdo con los propietarios de Sacramento, Carlos y Linda Torres, tras una demanda interpuesta en 2022 por discriminación y represalias contra una inquilina de larga duración por motivos de raza, discapacidad y participación en el programa de vivienda Sección 8.

El acuerdo, anunciado esta semana, exige a los propietarios el pago de 42.500 dólares y la adopción de diversas medidas correctivas para prevenir la discriminación en el futuro. La inquilina, Alysia Gonsalves, es una mujer negra con discapacidad que utilizó un vale de vivienda de la Sección 8 para alquilar una vivienda administrada por los Torres desde 2016.

Según los documentos judiciales y la denuncia del CRD, Gonsalves fue objeto de insultos raciales, amenazas de desalojo y un cierre patronal ilegal tras informar a la Agencia de Vivienda y Reurbanización de Sacramento (SHRA) que le habían cobrado indebidamente $150 al mes por servicios públicos ya cubiertos por su vale. Cuando se negó a seguir pagando, los propietarios presuntamente tomaron represalias entregándole avisos de desalojo, agrediéndola verbalmente y, finalmente, impidiéndole la entrada a la vivienda mientras se mudaba, dejando atrás pertenencias esenciales, como equipo médico y reliquias familiares.

El director del CRD, Kevin Kish, dijo que el caso resalta la naturaleza interconectada de las prácticas discriminatorias en la vivienda.

“Sin importar las circunstancias, los insultos raciales y las represalias son inaceptables”, dijo Kish. “A pesar de haber vivido en la propiedad durante años, la inquilina en este caso fue amenazada y acosada simplemente por hablar sobre sus derechos. En resumen: los arrendadores no pueden discriminar a las personas por usar la asistencia para el alquiler. Este caso también deja claro que una forma de discriminación a menudo va de la mano con otras. Aplaudo a la inquilina por alzar su voz y a nuestro equipo del Departamento de Derechos Civiles por resolver esta demanda. Seguiremos haciendo nuestra parte para ayudar a proteger los derechos civiles de todos los residentes de nuestro estado”.

Según los términos del acuerdo, los Torres pagarán $37,500 a Gonsalves y $5,000 al CRD. También deberán asistir a una capacitación de tres horas sobre discriminación y acoso en la vivienda, y asegurarse de que cualquier anuncio de alquiler futuro dé la bienvenida explícitamente a los titulares de vales de la Sección 8. Además, se les prohíbe participar en actos de discriminación o acoso ilegal en futuras interacciones entre propietarios e inquilinos.

La demanda fue la primera presentada por el CRD al amparo de las protecciones ampliadas derivadas del Proyecto de Ley Senatorial 329, que añadió las fuentes de ingresos, incluidos los vales de vivienda, como una categoría protegida bajo la Ley de Igualdad en el Empleo y la Vivienda de California (FEHA).

La denuncia del CRD también alegó que los propietarios no realizaron adaptaciones razonables para la discapacidad de Gonsalves al denegarle reiteradas solicitudes de instalar pasamanos en su vivienda. El departamento alegó que las acciones de los propietarios violaron no solo la FEHA, sino también la Ley de Derechos Civiles Ralph y la Ley de Derechos Civiles Unruh.

Desde la promulgación de la SB 329 en 2019, el Departamento de Derechos Civiles ha logrado más de 250 acuerdos por discriminación contra inquilinos que utilizan asistencia para el alquiler. La agencia continúa implementando acciones de cumplimiento en toda California, incluyendo acuerdos recientes en Bakersfield, Novato, Oakland y el Área de la Bahía.

El acuerdo de conciliación en el caso de Sacramento no es confidencial y se presentó ante el Tribunal Superior de Sacramento. Si los arrendadores no cumplen con el acuerdo, CRD puede solicitar al tribunal que haga cumplir sus términos.

Se anima a las personas que hayan sufrido discriminación en la vivienda a presentar una queja ante CRD o denunciar anuncios de vivienda discriminatorios.